Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia evidenció la protección que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) brindó al ex Gobernador Javier Duarte, actualmente preso, y resolvió que los Gobiernos no pueden clasificar como reservada toda la información sobre su gasto de comunicación social.

La Primera Sala de la Corte concedió un amparo al actual Gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, y declaró inconstitucional la reserva total de los datos sobre gasto de comunicación social decretada por la Administración de Duarte en 2013.

La Dirección de Comunicación Social de Duarte no solo reservó la información del gasto, solicitada por Yunes, sino que afirmó que eran «inexistentes» las facturas emitidas por los medios y los cheques con los que se les pagó.

Dicha reserva fue confirmada meses después por el IVAI, con el argumento de que difundir de manera individualizada los pagos a cada medio «anularía el poder de negociación del Estado frente a los propietarios de los diversos medios de comunicación».

Lo anterior, agregó el IVAI, porque dichos medios podrían ponerse de acuerdo para inflar sus precios al Estado. Tras esto, la Corte rechazó categóricamente dicho pretexto.

«Cuando el Estado contrata servicios de tiempos en radio y televisión con privados, como cualquier otra contratación realizada por el Estado, debe rendir cuentas y ello se hace, en principio, a partir de la divulgación de la información de ese acto jurídico», afirmaron los Ministros.

«No hay una relación empírica entre clasificar como reservada todo un género o tipo de información y evitar un daño a la estabilidad financiera o no perjudicar a terceros», agregó la sentencia del Ministro Alfredo Gutiérrez.

La Corte señaló que difundir el valor de cada contrato de difusión ya pagado conlleva a que los competidores ofrezcan mejores condiciones en el futuro, además recordó que por regla general toda la información en poder del Estado es pública, y rechazó que sea posible clasificar como reservado el ejercicio de toda una partida presupuestal.

Auditorías han revelado que el Gobierno de Duarte pagó durante años cientos de millones de pesos a empresas fantasma bajo el rubro de «gastos de difusión», mientras que su Coordinadora de Comunicación, Gina Domínguez, esta presa por cuatro delitos, entre ellos desvío de 105 millones de pesos.

El IVAI no fue el único que solapó a Yunes, pues éste impugnó su resolución ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, que en abril de 2014 también rechazó abrir la información alegando que cuando fue solicitada ya había sido clasificada como reservada.

Dicha Sala Constitucional es la que tendrá que cumplir el amparo de la Corte revisando nuevamente la confirmación de reserva que hizo el IVAI, pero partiendo de la base de que la clasificación original por parte de la Dirección de Comunicación Social fue inconstitucional.