Ciudad de México.- A solo cinco días de que venza el plazo constitucional, 24 de las 32 entidades federativas no han expedido las leyes de sus sistemas locales anticorrupción, es decir la legislación secundaria, y dentro de éstas, nueve ni siquiera han aprobado las reformas a sus constituciones.

En contraste y de acuerdo con el más reciente informe del Semáforo Anticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, Transparencia Mexicana y Coparmex, solo Chiapas y Nayarit cuentan con leyes satisfactorias y están en condiciones de poner en marcha sus sistemas anticorrupción.

Las seis entidades restantes se encuentran en el proceso de discusión y aprobación de la legislación local, y son Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Morelos.

La reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción establece el 18 de julio como fecha límite para la homologación de las leyes locales e implementación de los sistemas estatales correspondientes.

Por ello, diputados de PRD y Morena urgieron a las entidades federativas a cumplir ya la obligación de expedir las reformas constitucionales y las leyes secundarias de sus respectivos sistemas anticorrupción.

En conferencia de prensa, los diputados Xavier Nava, Agustín Basave y Rafael Hernández, del PRD, así como Juan Romero, de Morena, convocaron incluso al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a transmitir su preocupación a los mandatarios estatales.

Los legisladores presentarán hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos locales a cumplir el mandato de la reforma constitucional en materia anticorrupción.

“La solicitud es que se exija a los gobiernos de los estados que lleven a cabo estas reformas en los tiempos establecidos; ¿va a ser posible?, difícilmente, tenemos una semana de hoy al 18, y lo que también es importante resaltar es que esta es una situación recurrente en lo que hacemos en los congresos, no solo en el Congreso de la Unión, sino en los congresos de los estados”, remarcó Nava.

Adicionalmente, los diputados llamaron al Senado a evitar un fiscal general “a modo”, pues ello significará un golpe letal para el Sistema Nacional Anticorrupción.

“De nada va a servir que se elija a un excelente, honesto, autónomo en lo personal fiscal anticorrupción, si el fiscal general es un fiscal a modo del ‘priñanietismo’; si el fiscal general va a cuidar las espaldas de este régimen por nueve años, pues de entrada ya prácticamente anularon la parte quizás más importante del Sistema Nacional Anticorrupción”, señaló Basave.

En su turno, el diputado Rafael Hernández subrayó la importancia de cumplir los plazos constitucionales previstos, pues el combate a la corrupción no es un asunto retorico, sino que tiene que ver con generar los instrumentos legales y hacer los nombramientos correspondientes.

“Sin ellos, simplemente no existe o está muy limitado el alcance del Sistema Nacional Anticorrupción, pues sin las instancias locales no funcionará”, indicó.

Juan Romero, diputado de Morena, lamentó que ante la omisión legislativa no haya sanción y llamó a las organizaciones de la sociedad civil a retomar el tema y exigir la rendición de cuentas.

“Apelamos a la sociedad civil para recuperar de nuevo el tema y volverlo importante en el siguiente periodo ordinario e ir estableciendo los mecanismos legales que nos permitan sancionar estas omisiones”, arengó el legislador.