CIUDAD DE MÉXICO .- El Estado mexicano tiene la obligación de adoptar marcos jurídicos e institucionales que brinden una protección efectiva de la biodiversidad bajo una perspectiva de derechos humanos. Así lo planteó en comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al subrayar que los cambios descontrolados en el uso de suelo y la sobreexplotación de recursos naturales en las últimas décadas han generado la pérdida sustancial de ecosistemas y su biodiversidad de manera irreversible, en la mayoría de los casos, lo cual agrava los efectos de los fenómenos naturales sobre el bienestar de la población y provoca altos costos sociales y económicos.

Ante ello, apuntó, se hace evidente la interconexión entre la protección de la biodiversidad y el goce y disfrute de diversos derechos humanos, como a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la vida, entre otros.

En ocasión del Día Internacional de la Diversidad Biológica 22 de mayo, la CNDH estimó necesario resaltar “la urgente necesidad” de adoptar medidas de toda índole –incluidas políticas públicas y campañas de sensibilización–, encaminadas a detener y revertir la pérdida de la biodiversidad.

De acuerdo con la norma mexicana de especies en riesgo, existen 475 en peligro de extinción y 896 están amenazadas, tales como el jaguar, la vaquita marina, el águila real, el lobo gris mexicano, el quetzal, las tortugas laud, carey, caguama, lora, verde y golfina, por mencionar algunas.

Sin embargo, añadió, resulta importante destacar que existen muchas otras especies de hongos, plantas y organismos invertebrados igualmente en riesgo, cuya protección y preservación es imprescindible para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y los servicios ambientales que nos brindan.