Estados Unidos.-El Gobierno de Donald Trump estableció este martes las nuevas directrices para llevar a cabo las deportaciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, entre ellas acelerar el proceso legal, dar más capacidad a los agentes y eliminar las exenciones aplicadas previamente por la Administración de Barack Obama.

Las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, indican que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan «abusado» de los beneficios públicos o que, «a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional».

Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).

«El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE.UU.», subrayan las directrices.

El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, «ya no eximirá a clases o categorías» de extranjeros indocumentados de «una potencial aplicación de la ley», es decir, de una deportación.

Los documentos eliminan directrices mucho más limitadas establecidas por el gobierno de Barack Obama y que se enfocaban estrictamente en inmigrantes hallados culpables de delitos graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.

Los memorandos de Kelly también describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. Uno de los documentos dice que los inmigrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.

No está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México.

Históricamente, el gobierno ha podido repatriar rápidamente a mexicanos detenidos en la frontera pero abre procesos formales a inmigrantes de otros países, generalmente enviándolos de vuelta vía aérea. En algunos casos, esas deportaciones pueden tomar años ya que los inmigrantes pueden pedir asilo o pelear sus casos de deportación en corte.

Por otro lado, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.

En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados  («dreamers» o «soñadores») «no» se verán afectados por las nueves órdenes de la agencia federal.

El Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por el Gobierno de Barack Obama en 2012, ha permitido frenar la deportación de 750.000 «soñadores».