Informará sobré deuda pública.

Xalapa, Ver.- Con 38 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones el Congreso del Estado aprobó la creación e integración de la Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz 1998 – 2016 propuesta por la Junta de Coordinación Política.

Cabe destacar que la nueva comisión no deberá tener una vigencia mayor a cinco meses y estará integrada por los diputados: Sergio Rodríguez Cortés, presidente; Manuel Francisco Martínez Martínez, secretario: y Juan Manuel Unanue Abascal, Rodrigo García Escalante y María del Rocío Pérez Pérez, vocales.

Dichos integrantes podrán ser apoyados en su trabajo por un comité técnico integrado por cinco ciudadanos de indiscutible solvencia moral y amplios conocimientos en finanzas, auditoría, contabilidad y derecho propuesto por los integrantes de la comisión y contarán con voz pero no tendrán derecho a voto.

La agrupación tendrá como objetico elaborar informes respecto de la deuda pública de Veracruz durante los tres últimos sexenios con la identificación del origen y destino de los recursos respectivos.

De igual forma deberá presentar denuncias por la probable comisión de ilícitos cometidos por los responsables del quebranto financiero de la entidad.

Así mismo tendrá la facultad de recomendar opciones acerca del manejo de la deuda pública, proponer medidas normativas y administrativas para el uso responsable y transparente de los recursos públicos e informar acerca del seguimiento y situación que guardan los bienes incautados.
También podrá contar con el apoyo del personal especializado y técnico del Órgano de Fiscalización Superior, la Contraloría General del Estado, y la Secretaría de Finanzas y Planeación que con previa autorización de los titulares respectivos, que coadyuvarán a los trabajos de investigación, documentación y procesamiento de la información requerida por dicha comisión.

Los diputados encargados de dicha comisión podrán solicitar la colaboración de las dependencias federales que crean necesarias para el desarrollo de su investigación dentro del marco jurídico que lo permita; además, las demás dependencias de la administración pública estatal, ayuntamientos, los órganos constitucionales autónomos y cualquiera de los entes fiscalizables deberán entregar la información que les sea requerida en el momento que se estipule.