Un nuevo decreto emitido en los días finales del duartismo pretende modificar la Ley 276 que le dio origen a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) con el propósito de establecer una estructura de mando para evitar primero la rendición de cuentas del manejo de las cuotas de los más de 70 mil alumnos inscritos, que al año alcanzan más de 400 millones de pesos, pero sobre todo, quitarle la facultad al Gobernador entrante para designar al rector.

El aún Gobernador busca hacerlo por medio de la gestación de una Junta de Gobierno formada por académicos naturalmente afines a Andrés Blancas Portilla, rector en funciones, pues ellos serán los encargados de designar a los miembros de la Primera Junta de Gobierno , encargada a su vez de nombrar al futuro directivo; aunque en ninguno de los articulados nuevos se prohíbe la posibilidad de la reelección por lo que en círculos de la propia UPAV se prevé que Blancas Portilla siga al frente de la institución.

Con fecha 13 de julio del 2016, el oficio CJyDC/241/16 enviado por la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos perteneciente a la oficina del Gobernador signado por Alberto Tomasini Martínez y dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la legislatura, Octavia Ortega Arteaga, deberá entrar a discusión lo más pronto posible para que sus efectos prácticos se vean en un par de meses más, justo antes de que acabe la administración duartista.

Creada en el duartismo y por el desaparecido profesor Guillermo Zúñiga Martínez, quien le diera inusitado impulso a la institución, la UPAV tenía como eje fundamental «contribuir a la impartición de servicios educativos de nivel medio superior y superior, y de manera especial, en aquellas comunidades de la entidad con alto rezago educativo», según dice el proyecto de su creación.

En las valoraciones de la iniciativa, el Gobernador actual decide ahora en el marco de la autonomía «exigir que la valoración de candidatos a ocupar un cargo de dirección académica o similar se consideren bajo efectos académicos y no políticos o de otra índole, como pudiera haberlos en otro tipo de designaciones fuera del ámbito universitario».

De ahí concluye la necesidad de fortalecer la institución académica mediante la aplicación de ejes rectores que conforman la autonomía universitaria «tales como el autogobierno, la autorregulación, la auto organización académica y la facultad de autogestión administrativa».

Y es aquí donde entra la doble intención similar a las postreras reformas duartistas pues aunque la actual rectoría de Blancas Portilla ha enfrentando diversas revueltas de alumnos y profesores solidarios por la opacidad con que por medio de una asociación civil afín ha manejado poco más de 800 mdp en sus dos años al frente de la universidad, en la coyuntura fin sexenal se pretende establecer el derecho divino a heredar la directiva de la institución a un funcionario que, dicen en voz baja maestros solidarios y funcionarios de la institución, utiliza a su entera discreción las aportaciones estudiantiles para modificar sustantivamente su estilo de vida, pero sobre todo, será absolutamente incondicional a los intereses del feneciente régimen.

Bajo la fachada de que con esto se busca cumplir la responsabilidad del gobierno de atender las necesidades educativas de los veracruzanos, Duarte de Ochoa argumenta que «dotar de autonomía plena a la UPAV es una acción que por sí mismo, refleja el compromiso serio con la educación en nuestro estado» y remata: «para mantenerla libre de situaciones políticas que impidan la toma de decisiones racionales y objetivas sobre la vida universitaria».

Por ello decide «proteger» a la UPAV dándole «la atribución para designar libremente a los integrantes de su máximo órgano de gobierno como expresión de una autonomía institucional genuina». También propone la creación de una Contraloría Universitaria para supervisar el funcionamiento de las autoridades «y el correcto manejo de los bienes y derechos» otorgados a la UPAV.

El decreto sostiene que la Junta de Gobierno, integrada por cinco miembros de entre los académicos de esta casa de estudios –todos claramente afines a Blancas Portilla– durarán en el cargo tres años y podrán ser reelectos por un sólo periodo más; es decir, la Junta de Gobierno tendrá carácter transexenal pues los mismos fungirán en los dos años de la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares y cuatro más en el próximo periodo.

Sin embargo, la importancia de la composición de este grupo –en la que uno de los miembros fungirá como presidente y el resto como vocales y el propio rector en turno como secretario técnico– tendrá la facultad de «aprobar el nombramiento del rector», pero sobre todo, el papel de liquidador del pasado financiero que tendrá la Contraloría.

Desaparecerán más de 800 millones de pesos: Almanza Katz

Según José Luis Almanza Katz, académico de la propia institución y al mismo tiempo estudiante del doctorado en educación, además de miembro de la actual Junta de Gobierno –»si es que no me han corrido»– como uno de los tres representantes de los docentes, dijo que la reforma que pretende hacer el gobierno de Javier Duarte busca no sólo evitar que el gobernador entrante tenga posibilidades de influir en la designación del rector como ahora está sustentado en su decreto de creación, sino sobre todo, borrar las huellas del destino de cuando menos 800 millones de pesos.

Explicó que con la creación de una Contraloría interna que no existía, se busca echarle tierra a la historia económica de la UPAV y desaparecer cualquier vestigio que permita hallar en qué fueron aplicados por la rectoría de Blancas Portilla los más de 800 mdp producto de las cuotas mensuales de 500 pesos que aportan sus 70 mil alumnos; dicho de otro modo, la UPAV recauda por cuotas alrededor de 35 mdp mensuales.

«Es tan discrecional su manejo que nadie sabe en qué se ha usado ni dónde está ese dinero, a menos que se encuentre en las cuentas de la asociación civil Alianza para el Fomento para el Aprendizaje, que es la encargada del manejo de las cuotas, pero lo dudo. Lo que se sabe es que de manera indebida, el presidente de dicha asociación, Teodoro Couttolenc le da dinero a Blancas Portilla para el pago de la burocracia administrativa incluido el salario del rector, el gobierno estatal asignó un presupuesto de 23 mdp anuales, cantidad suficiente para sufragar sus gastos de operación».

«No se sabe cuánto dinero le habrá dado al rector y aunque la asociación es la encargada del pago a los docentes llama la atención que cuando se les han pedido cuentas, Couttolenc argumenta que cómo se trata de dinero privado manejado por una AC no es sujeto de ninguna auditoría gubernamental, sin embargo, en el momento en que llega a las manos del rector se convierte en dinero público». Almanza Katz asegura que una vez entre en vigor la reforma duartista, se borrará el historial financiero para partir de cero y buscar que todo quede en el limbo con la liquidación de la anterior organización civil y la creación de una nueva.